La responsabilidad penal y/o civil recae sobre el fabricante del equipo de protección individual en caso de mal funcionamiento o defectos de fabricación del EPI en cuestión.
La responsabilidad recae en el diseñador en caso de una evaluación de riesgos incorrecta, si se producen lesiones o muertes como consecuencia de riesgos imprevistos.
En caso de uso indebido de los EPI o de incumplimiento de las normas y leyes vigentes en materia de seguridad y uso del dispositivo, la responsabilidad civil recae sobre el propio operador.
La decisión final, sin embargo, corresponde al juez, que debe evaluar caso por caso qué infracciones se han cometido y quién las ha cometido.
